Grietas, cicatrices y falsas promesas:

La cara más amarga de las inmobiliarias privadas

Rodrigo Mora, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Santa María, aseguró que hay empresas del rubro inmobiliario que mantienen una deuda con la clase media nacional. Además, alabó la calidad constructiva de las viviendas sociales.

Han transcurrido un par de semanas desde el terremoto del Bicentenario, que puso en evidencia lo bueno y malo de nuestro país. Comenzó la hora de los balances y tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el de Obras Públicas han hecho estimaciones de los costos de la tragedia y los plazos para la reparación de pueblos, ciudades, caminos y obras de infraestructura.

En este escenario Rodrigo Mora, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, hizo un balance de las consecuencias y calidad constructiva de nuestras viviendas. “El lado humano de la tragedia, simbolizado en la desolación de los pueblos y ciudades afectadas, parece opacar ciertos aspectos interesantes del sector inmobiliario. El primero de ellos ya fue esbozado por la ex Ministra de Vivienda Patricia Poblete y tiene relación con el buen comportamiento que tuvieron las viviendas sociales construidas en los últimos 15 años”, afirmó.

Según el profesor de la USM, los peritajes preliminares indican que “las viviendas sociales que tuvieron daños severos ascienden a 6.378. Si consideramos que desde el 2002 a la fecha el SERVIU ha construido poco más de 18.000 viviendas básicas bajo la modalidad “sin deuda”, y que en los ocho años previos se construyó 328.992 soluciones habitacionales del tipo vivienda progresiva y básica, tenemos que la cifra equivaldría a menos del 2% del parque construido en los últimos veinte años”.

“Si bien esta cifra debiese alarmarnos –mal que mal una casa suele ser la inversión más importante de las personas- el problema pareciera estar relativamente acotado. Las viviendas del sector más acomodado, que superan las 4500 UF, tampoco sufrieron mayores daños. A raíz de lo anterior, parecen ser los emprendimientos privados para estratos intermedios, como los edificios de departamentos cuyo valor va desde 2,500 a 4,500 UF, los más castigados en esta oportunidad”, agregó.

Con respecto a las responsabilidades en este hecho, Rodrigo Mora señaló que “se trata de viviendas construidas por privados para lo que eufemísticamente se llama “la clase media-media”, especialmente en el segundo de estos niveles. Aquella no alcanza a ser atendida por las redes asistenciales del Estado y carecen de redes familiares y de contacto propias de los niveles superiores”.

Además, el académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Santa María sostuvo que la clase media de nuestro país está “expuesta a una oferta inmobiliaria altamente competitiva y diversificada. Este segmento es tentado por servicios como piscinas panorámicas, quinchos, salas de estudio o salas de cine en el edificio, y pierden de vista un tema vital para un país sísmico como el nuestro: una construcción que de seguridad ante un terremoto”.

“Es ahí donde debiese ingresar la fiscalización estatal en la construcción, pues la hebra más delgada de la compleja estructura de costos que hay detrás de estos emprendimientos privados pareciera ser el acero que encierran los muros. La tarea no es fácil, pues en última instancia las Direcciones de Obras no tienen atribuciones ni recursos para revisar planos de cálculo. Futuras modificaciones legales debieran poner especial énfasis en proteger a este segmento”, concluyó Rodrigo Mora.